Castigan reclutamiento criminal con hasta 25 años de cárcel en México
Diputada Blanca Narro apoya reforma para proteger a menores reclutados por grupos delictivos
Altamira, Tamaulipas, 21 de octubre de 2026. La diputada federal Blanca Narro Panameño respaldó una reforma constitucional que tipifica el reclutamiento criminal como un delito autónomo, con penas de prisión de hasta 25 años. Esta medida busca proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes utilizados por organizaciones delictivas como reclutas forzados. El dictamen, que incluye modificaciones a la legislación en materia de trata de personas y justicia para adolescentes, fue turnado al Senado para su aprobación definitiva.
Reforma contra el reclutamiento forzado
La nueva legislación establece penas de 10 a 20 años de prisión para quienes inviten, induzcan o incorporen personas a grupos criminales. En caso de que el reclutamiento se realice mediante amenazas, violencia o abuso de poder, la sanción podrá aumentar hasta 25 años.
La diputada Narro subrayó la importancia de esta reforma para cerrar vacíos legales que dificultaban la persecución de este delito, ya que actualmente era necesario esperar a que las víctimas cometieran otros crímenes para proceder legalmente.
“La niñez no puede seguir siendo utilizada como carne de cañón por las organizaciones criminales. El Estado tiene la obligación de protegerla y actuar desde el primer intento de reclutamiento”, afirmó Narro.
Impacto en Tamaulipas y México
En Tamaulipas, se reportan más de 600 menores de edad detenidos por presuntos vínculos con grupos criminales y delitos violentos. A nivel nacional, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) estima que entre 145,000 y 250,000 menores están en riesgo de ser reclutados, principalmente en contextos de violencia familiar, abandono escolar y control territorial por parte del crimen organizado.
La reforma también obliga al Ministerio Público a notificar a las procuradurías de protección cuando detecte indicios de reclutamiento forzado de menores, quienes deberán ser tratados como víctimas en el sistema de justicia especializado.
Medidas para la recuperación y reinserción social
La minuta contempla no solo sanciones penales, sino también medidas de asistencia para la recuperación y reintegración social de las víctimas. Además, las penas podrán aumentar hasta en un 50% si el delito involucra a servidores públicos o miembros de corporaciones de seguridad.
El decreto establece un plazo de 180 días naturales para que los congresos estatales armonicen sus leyes con esta reforma una vez que entre en vigor. El dictamen debe concluir su trámite legislativo en el Senado para su publicación y aplicación oficial.
Esta acción legislativa representa un paso significativo para atender un problema de seguridad y derechos humanos que afecta a miles de menores en México, reforzando el compromiso del Estado con la protección de la infancia y adolescencia.
Para mayor información sobre la protección de los derechos de los menores en México, puede consultarse la página oficial de la Secretaría de Gobernación.
Fuente de la imagen: https://www.laprensa.mx/notas.asp?id=815176
